Unos 96 trabajadores que brindaron servicios a Petroecuador deben devolver USD 15 millones a la empresa estatal, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, del 21 de noviembre de 2024, que acepta una acción extraordinaria de protección presentada por la empresa estatal.
El pago debían restituirlo en un «plazo de tres meses». Pero, en caso de que no lo hicieran, Petroecuador debía proceder a recuperar la totalidad de los valores pagados, iniciando acciones administrativas y judiciales.
La acción de protección de Petroecuador fue en contra de dos sentencias judiciales, de primera y segunda instancia, emitidas entre 2022 y 2023, que aceptaron una acción de protección de 96 personas que prestaron servicios en Petroecuador, aparentemente de manera tercerizada.
Los demandantes alegaron vulneración de derechos laborales al no haber sido contratados como «servidores públicos regulares» y, en ciertos casos, haber sido desvinculados.
Como medida de reparación, Petroecuador debía cumplir con un pago de 30,3 millones, de los cuales cumplió con un pago parcial de USD 15 millones, el 9 de enero de 2023.
Sin embargo, el 3 de julio de 2023, la estatal petrolera presentó una acción extraordinaria de protección, aceptada por la Corte Constitucional, en noviembre de 2024. Esta última sentencia solicita la devolución de los USD 15 millones ya pagados a los 96 beneficiarios de la acción de protección.
Además, la Corte concluyó que las autoridades judiciales que dictaron las sentencias, en primera y segunda instancia, «vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes«.
Y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación correspondiente y determine si existen los elementos suficientes para configurar el delito de prevaricato en contra de dos jueces de primer nivel.
Fuente: Primicias
