Saúl Arboleda (15 años), Steven Medina (11) y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14) salieron a jugar al fútbol el pasado 8 de diciembre en un terreno de la zona sur de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana bajo asedio del narcotráfico. Nunca regresaron a sus casas en el barrio popular de Las Malvinas, una zona empobrecida.
Desde entonces comenzó un ritual de confusión y opacidad agravado porque uno de los padres denunció que los secuestradores fueron un grupo de militares (o con ropas militares), que llegaron hasta el sitio armados con fusiles y dispararon al aire, para luego llevarse a los niños en un supuesto operativo.
Más tarde el padre de los hermanos Arroyo recibió un mensaje en su móvil para que recogiera a los niños cerca de un cuartel militar. El hombre asegura que incluso llegó a hablar con su hijo, quien le narró que fueron golpeados por los presuntos militares antes de ser abandonados en otra zona de la ciudad.
¿Qué sucedió entonces? «La mafia se los llevó», afirmó otra persona en una llamada anónima a las familias.
El secuestro de los cuatro niños ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, incluso artistas urbanos han dibujado grafitis en las paredes de Guayaquil con la gran pregunta. «¿Dónde están?». El Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil ha definido el caso como una desaparición forzada y no como un secuestro, lo que implicaría a agentes del Estado.
La cercanía de las elecciones presidenciales (la primera vuelta se celebra el 9 de febrero) ha desatado también la guerra política en paralelo a la investigación policial y ha forzado la reacción del gobierno, llevada a cabo el sábado en la noche. Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, señaló a «grupos delincuenciales» como secuestradores de los niños. Ecuador enfrenta desde enero una «guerra interna» contra el crimen organizado, conformado por poderosas bandas ecuatorianas, como Los Choneros y Los Lobos, y los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
«Pretenden involucrar a las Fuerzas Armadas con grupos de delincuencia organizada para debilitar el trabajo de las fuerzas del orden, generar el caos, desmoralizar la lucha y maliciosamente hacer que la ciudadanía censure a una institución que está enfrentada al narcotráfico, crimen organizado y mafias que lo protegen», subrayó Loffredo.
Fuente: El Mundo
