Con la participación de abogados y funcionarios requeridos por la defensa de Guillermo Lasso la fase de pruebas en el juicio político que se sigue contra el Primer Mandatario entró en su recta final en la Comisión de Fiscalización este lunes, 24 de abril del 2023.
Entre reclamos de la oposición legislativa, la Comisión recibió al viceministro de Gobierno, Mario Cuvi, al jefe de despacho de esta cartera, Gonzalo Muñoz, quienes aseguraron que acudían en calidad de expertos en temas legales y constitucionales.
También se presentaron los constitucionalistas Emilio Suárez, André Benavides, el penalista Pablo Encalada. Ellos coincidieron en que la Asamblea está obligada a probar la acusación de supuesto peculado contra Lasso. «El juicio político no es un cheque en blanco ni un juego del todo vale», remarcó Benavides.
Suárez sostuvo que la resolución de la Asamblea sobre esta acusación constitucional «requiere ser probada» y que «no es una cuestión de pérdida de confianza contra el Presidente».
Acusaciones
Otra conclusión en la que coincidió el penalista Encalada es que el presunto delito que se le imputa a Lasso requiere de pruebas de responsabilidad directa. Explicaron que un Jefe de Estado delega responsabilidades a sus subordinados y son ellos los que deben responder, de lo contrario se generaría inestabilidad política.
«Si no encuentran pruebas de responsabilidad directa, entonces les corresponde desestimar la acusación», anotó el viceministro Cuvi.
La correísta Viviana Veloz, y Rodrigo Fajardo (ID), de los cuatro proponentes del juicio político, tomaron como una «amenaza» que el funcionario advirtiera que los legisladores se exponen a la destitución si incumplen el dictamen de la Corte Constitucional sobre esta causa.
«El resultado de esta votación va a pesar sobre sus conciencias, sobre sus nombres, sobre sus familias, por el resto de la historia republicana del Ecuador. Piensen bien», señaló Cuvi.
Veloz reaccionó: «no le tenemos miedo, así como no le tenemos miedo a la figura de la muerte cruzada«, y le recomendó que utilice su tiempo en buscar soluciones a los problemas que atraviesa el país. «Creo que esa debería ser su función y no venir acá a amenazar a los legisladores».
De su lado, Bruno Segovia, asambleísta desafiliado de Pachakutik e integrante de la Comisión, reclamó a Gonzalo Muñoz, de quien tomó como un desaire a la mesa de Fiscalización que haya descalificada a cada una de las pruebas de los proponentes del juicio político.
Los asambleístas opositores tacharon de sesgados y de falta de imparcialidad a estos criterios. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, lo catalogó como una falta de respeto a la academia y protagonizó un cruce verbal con el socialcristiano Pablo Muentes.
Villavicencio recordó que los opositores también solicitaron la intervención de los abogados Rafael Oyarte, Ismael Quintana y Stalin Raza, pero no se presentaron los dos primeros.
También acudió el constitucionalista Juan Francisco Guerrero y el abogado Pablo Santillán, quien aclaró que no la hacía en calidad de secretario del Municipio de Quito. Guerrero señaló que se debe garantizar el debido proceso en esta causa y Santillán advirtió errores en el trámite. El jurista Ramiro García advirtió que esta causa generará un precedente importante para la democracia del país.
En la sesión de la Comisión hubo un puesto vacío: el de Mireya Pazmiño, otra de las proponentes del juicio político, a quien se la vio en un evento de Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) junto a Leonidas Iza, para presionar el voto de los legisladores de Pachakutik por el juicio político.
Lasso no acudirá a Fiscalización
El jefe de Estado fue convocado a comparecer este miércoles 26 para la práctica de pruebas; sin embargo, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, anticipó que por estrategia de defensa Lasso solo comparecerá ante el Pleno de la Asamblea.
«En principio no (vendrá), él únicamente comparecerá para el Pleno de la Asamblea si es que llegamos a ese momento», señaló Ortiz.
Ortiz manifestó que este proceso ha dejado en evidencia las «contradicciones» de Mireya Pazmiño, una de las cuatro asambleístas proponentes del juicio político.
Además que el exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoria (Flopec), Jhonny Estupiñán, no fue separado por terminar el contrato con Amazonas Tanker, sino por no presentar balances al directorio de la empresa pública, en febrero del 2022.
Ortiz indicó que la asambleísta Pazmiño acusa de peculado a Lasso en este acuerdo comercial con Flopec, a pesar de que en su momento entregó un informe de la Comisión de Régimen Económico donde evidencia que no ha existido un perjuicio económico en el actual Gobierno.
El Secretario Jurídico mencionó que estos elementos serán entregados el miércoles, a modo de resumen. En la misma sesión se presentarán los cuatro asambleístas proponentes para entregar los sustentos.
Fuente: El Comercio
