Los ingresos corrientes que financian el Presupuesto General del Estado son insuficientes para poder cubrir el aumento de remuneraciones de los docentes ecuatorianos, señaló Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
La funcionaria compareció este viernes 21 de enero de 2022 ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para explicar los avances en la elaboración del informe de impacto fiscal por el aumento de los salarios al Magisterio nacional que establece el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
“Estamos aquí ante una ley que no contó con el informe de Finanzas para su expedición, no se cumplió con ese requisito y es por eso que la sentencia de la Corte Constitucional (CC) determina que se deberá presentar ante la Asamblea las posibilidades de financiamiento de esta ley”, indicó Ñúñez.
En la sesión virtual con los asambleístas de la comisión, la subsecretaria expresó que el proyecto tiene, al menos, tres fuentes de impacto fiscal. Dos son de impacto presupuestario directo: el nuevo escalafón docente en el sistema de educación intercultural bilingüe; y la aceleración de la meta de cumplimiento constitucional de gasto en educación (6% del PIB).
El proyecto también afectaría al sistema de seguridad social: aumentos en los aportes al seguro de salud por nuevo escalafón e incremento del 40 % de pensiones por jubilación por régimen especial.
Núñez añadió que la inflexibilidad del gasto permanente del Presupuesto General del Estado hace difícil los esfuerzos de optimización del gasto y que los incrementos de sueldos sustanciales, que plantea esta reforma legal, perjudican más esta perspectiva.
Actualmente, enfatizó, el gasto permanente del PGE del 2022 es de USD 21,8 millones, de los cuales el 41,5 % se destina a sueldos y salarios. El gasto en educación general básica y bachillerato, previsto para este año, asciende a USD 3 419 millones, en donde el 88 % es para pagar las remuneraciones de los maestros.
La subsecretaria reiteró que, legalmente, el incremento de las remuneraciones solo puede ser financiado con ingresos permanentes (impuestos, tasas o contribuciones) y que, para cumplir con el proyecto de reforma a la LOEI, se necesitaría aumentarlos, ya que usar las fuentes actuales (recaudadas por el IVA e impuesto a la renta) es inviable porque supondría dejar de financiar gastos existentes como las preasignaciones establecidas en múltiples cuerpos legales en favor de la educación superior, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros.
Aclaró, además, que los egresos permanentes del PGE no pueden pagarse con ingresos no permanentes, como los obtenidos por deuda pública. Indicó, también, que la creación de una nueva escala salarial diferenciada para el Magisterio contradice principios constitucionales al establecer una escala remunerativa discriminatoria en relación con la del resto de entidades del sector público.
En un comunicado, la Cartera de Finanzas dijo que está trabajando en el detalle del impacto fiscal con datos actualizados en función de la ejecución presupuestaria y los resultados fiscales. Esta información será incluida en el informe de evaluación de impacto fiscal que se enviará, dentro de los plazos establecidos, a la Asamblea.
El 9 de marzo de 2021, la Asamblea aprobó las reformas a la LOEI que dieron lugar a demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, órgano que estableció que, en ningún caso, se pueden aprobar proyectos legales que comprometan un aumento del gasto público sin contar con un minucioso análisis de factibilidad de parte del Ministerio de Finanzas.
La CC sentenció que las reformas a la LOEI transgredieron los artículos 286 y 287 de la Constitución y ratificó que toda reforma de ley que conlleve un impacto al gasto público permanente debe contar previamente con fuentes de financiamiento, cuyos recursos necesariamente, deben provenir de ingresos permanentes.
Durante la sesión, el asambleísta por Zamora Chinchipe, Diego Esparza, expresó con la respuesta de Finanzas, “el Magisterio y los jubilados reciben una puñalada, es lamentable escuchar que no hay recursos para cumplir con ese derecho que les asiste a los maestros de nuestro país”.
La asambleísta Ana María Raffo, de la bancada Unes, mencionó que es “evidente la falta de recursos dada la situación económica que enfrenta el país, a menos que el Gobierno incremente las políticas económicas”.
Fuente: El Comercio
