El 6 de noviembre culminará el plazo que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales para entregar un informe que irá a resolución del Pleno sobre los Pandora Papers. La investigación se inició este lunes 11 de octubre de 2021, en medio de una disputa interna y reclamos.
¿Puede derivar esta investigación en un juicio político o, incluso, la destitución del presidente Guillermo Lasso? “Es temprano, prematuro adelantar conclusiones”, respondió el presidente de la Comisión, José Cabascango (Pachakutik), aunque propuso una “hoja de ruta” para tratar a este tema como un asunto de “conmoción interna”, que es una de las causales para interpelar a un jefe de Estado.
El coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo y asambleístas independientes, Juan Fernando Flores, ve improbable que derive en lo que en algunos países se conoce como un “Impeachment”.
Los jefes de bloque del PSC, Esteban Torres, y del correísmo, Paola Cabezas, consideraron que el expediente podría ir a la Fiscalía o a la Contraloría, en caso de haber motivos, pues desde 2017 la Ley prohíbe a los funcionarios públicos tener inversiones en paraísos fiscales.
Hoy: Virgilio Saquicela, vicepresidente del Legislativo, cuestionó que la Comisión de Garantías Constitucionales pretenda considerar los #PandoraPapers como un caso de conmoción social que podría llevar a juicio político a Guillermo Lasso
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— La Voz del Tomebamba (@tomebamba) October 11, 2021
“Hay temas que están en la ley. Se puede hablar de evasión, de elusión también, de enriquecimiento ilícito, son temas que están en la ley, entonces allí tendríamos también que resolver donde iría este informe, si al SRI, a la Contraloría o a la Fiscalía”, señaló Cabezas, integrante de esta comisión.
Agregó que “la investigación que debe hacer la Comisión debe ser por lo no declarado, porque el Presidente sí, evidentemente, tiene parte de su patrimonio aquí, el que ha dicho que ha declarado y con el que contamos nosotros en su declaración patrimonial”.
Torres precisó que de lo que se trata es de un proceso de control político por parte de la Asamblea y no de una fiscalización, que implica juicio político.
“Las consecuencias de esa investigación no podrían, como se ha especulado de forma equivocada, terminar en una destitución o en un pedido de destitución, jurídicamente lo que procedería es únicamente, si se han encontrado ilegalidades, remitir todas esas ilegalidades a las instancias pertinentes”, expresó el socialcristiano.
Corte Constitucional podría dirimir
El experto en temas legislativos Giuseppe Cabrera apuntó que, si la Comisión de Garantías Constitucionales determina que el presidente Lasso todavía tiene recursos en paraísos fiscales, entraría en un proceso complejo.
“En ese escenario lo que correspondería es consultar a la Corte Constitucional cómo se aplica el principio contenido en la consulta popular de 2017 que dice que los servidores públicos no deben tener recursos en paraísos fiscales, porque a cualquier funcionario inmediatamente la Contraloría emite el informe y se le destituye a través de la máxima autoridad, pero en el caso del Presidente no puede ser así porque las causales para su destitución o enjuiciamiento político están muy bien definidas en la Constitución y tener recursos en paraísos fiscales no es una causal de destitución o de juicio político”, señaló Cabrera.
Cabascango anunció que para esta investigación se pedirá las comparecencias de periodistas, académicos y del propio presidente Guillermo Lasso, lo que se prevé para el 24 de este mes; así como se requerirá información de la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Comisión
De los nueve integrantes que tiene esta mesa parlamentaria, cuatro pertenecen a Pachakutik, tres al correísmo y dos al BAN.
La primera sesión se instaló 40 minutos más tarde de lo previsto, en medio de reclamos de Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela, asambleísta del BAN. Antes de ingresar a la sala, los asambleístas de Pachakutik y el correísmo mantuvieron una reunión previa.
La Comisión avocó conocimiento de la resolución del Pleno, que le encargó esta tarea el jueves pasado y excluyó a la mesa de Fiscalización.
Cabascango anunció que hasta el 6 de noviembre prevén entregar un informe para el Pleno, aunque su coideario, Mario Ruiz, no descartó que puedan solicitar una prórroga de 30 días.
Villavicencio denuncia boicot
Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), denunció un “boicot” de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y la mayoría compuesta por Pachakutik, el correísmo y el PSC.
“Hay una conspiración en contra de este legislador. Y sepan ustedes que el señor Óscar Sánchez, operador de la Presidenta de la Legislatura, intentó pactar con el correísmo y habló incluso con Ana Belén Cordero para sacarme de la presidencia de la comisión de fiscalización. Es decir, hay un objetivo clarísimo de sacarme de la Presidencia de la Comisión y de la Asamblea”, sostuvo.
Villavicencio rechazó que Llori y el Pleno desautorizaran a la Comisión de Fiscalización e impidieran una sesión con el presidente Lasso en Carondelet, al haber convocado al Pleno a una reunión en la misma hora prevista para la cita.
“Los Pandora Papers no se reducen solo a Guillermo Lasso. Ahora ya se les ha bajado la alegría porque aparecen los capos de la corrupción del Gobierno de Correa”, señaló, tras anunciar que investigará por su cuenta este tema.
Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, consideró que para la resolución que tomó el Pleno pesaron los motivos políticos.
“Unes y Pachakutik consideran que no habría la suficiente independencia en la Comisión de Fiscalización, esos son los argumentos de orden político, no legales, porque legalmente está establecido que a la Comisión de fiscalización le corresponde realizar todos los procesos de investigación de la administración pública”, sostuvo.
Para esta mañana estuvo prevista una rueda de prensa de la presidenta Guadalupe Llori, pero ella no se presentó.
Fuente: El Comercio
