El Contralor Pablo Celi envió una carta de renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Así lo confirmaron fuentes de este ente de nominación de autoridades de control del país, la tarde de este lunes 5 de julio del 2021.
Celi, junto con 12 personas más, está procesado en el caso Las Torres. Es señalado como uno de los cabecillas de un supuesto esquema de corrupción en la Contraloría, en la Secretaría de Presidencia y en Petroecuador, por lo que mantiene prisión preventiva en la Cárcel 4, de Quito, desde el pasado 14 de abril.
Con su renuncia, se viene un complejo proceso de sucesión en el cargo, ya que la Contraloría podría quedarse en acefalía, si no se ratifica a Carlos Riofrio, quien según el departamento de Comunicación de la Contraloría fungiría como subrogante, pues tiene una acción de personal interna.
Sin embargo, según analistas y el mismo Cpccs, esa acción solo podría ser válida si el contralor lo hubiese nombrado directamente. Por esa razón, el Consejo de Participación realizó un exorto a la Asamblea que se apruebe una ley interpretativa para que la isntitución no se quede en acelfalía.
“Pablo Celi renunció pensando en el país, en la institucionalidad, para que no se declare en acefalía la institución”, aseguró su abogado Marcelo Ron al diario El Universo.
El exhorto hecho por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), para que la Asamblea tramite una ley interpretativa para designar a un Contralor encargado, generó reacciones divergentes en la Asamblea este lunes 5 de julio de 2021.
El coordinador de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo, y el tercer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Ronny Aleaga (Unes), instaron al Consejo a que cumpla con su función de organizar el concurso de oposición y méritos, mientras el Parlamento tramita el juicio político para la posible censura y destitución del contralor subrogante, Pablo Celi.
“Es una obligación y un deber del Cpccs, ellos están en su cancha, tenían que haber realizado su trabajo, ha pasado mucho tiempo y no están cumpliendo con sus obligaciones”, dijo Jaramillo, quien sostuvo que no le corresponde a la Asamblea, sino al Cpccs requerir a la Corte Constitucional que realice un pedido de interpretación sobre la Ley de la Contraloría.
Aleaga, por su lado, manifestó que deberá pronunciarse el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, pese a que la semana pasada el funcionario llamó a los poderes del Estado a encontrar una “salida política” frente al vacío normativo.
Agregó que el “Cpccs es la autoridad que se tiene que encargar de llevar adelante el concurso de oposición y méritos. Eso es lo que deberían estar preocupados, no pidiendo exhortos porque aquí están tirando la pelotita a la Asamblea; quieren transformar nuevamente a la Asamblea en el Congreso de los 90’, donde venía el ‘señor del maletín’ para designar a las autoridades de control”.
“Nosotros estamos haciendo nuestra labor de fiscalización. En cuanto a quién debe reemplazarlo, ese es un procedimiento que tenemos que entrar a analizarlo como Asamblea”, apuntó Ricardo Vanegas, del bloque de Pachakutik.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), dijo que alista una propuesta para que el Pleno de la Asamblea debata una salida a la crisis de la Contraloría, más allá del juicio político.
“El tema de fondo no es Celi, el tema de fondo es una estructura delictiva que está manejando la Contraloría desde hace mucho tiempo atrás”, sostuvo.
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), reconoció que lo de la ley interpretativa para la Contraloría “no se ha trabajado todavía; no está planteada en la agenda”.
Fuente: El Comercio
