A pocos días de cumplirse un mes de protestas, este miércoles los colombianos salían a marchar a las calles contra el gobierno del presidente Iván Duque.
En el día 29 del paro nacional Bogotá vivía manifestaciones y bloqueos, apunta El Espectador. La jornada comenzó en Bogotá con varios bloqueos en transcurridas avenidas y el cierre de algunas estaciones de transporte masivo de Transmilenio en el sur de la ciudad.
“Hoy de nuevo salimos a las calles masiva y pacíficamente en distintas partes del país. Hacemos de nuevo un llamado al Gobierno para que se negocie con los diferentes sectores. Colombia necesita ser escuchada, no reprimida”, anunció la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una de las voces del llamado Comité del Paro, dijo que están esperando que el Gobierno firme el preacuerdo pactado hace dos días para instalar una mesa de negociación para debatir sobre el pliego de exigencias que los líderes de las manifestaciones entregaron a Duque.
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Maltés agregó que el paro se mantendrá mientras avanzan las negociaciones, según RCN.
Esto luego de que la noche del martes las cosas se pusieran muy duras en Tuluá, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la capital regional y epicentro de las manifestaciones.
En Tuluá desde la mañana de ese día hubo enfrentamientos luego de que las autoridades detuvieron a una veintena de personas, entre ellas algunos menores de edad, “de manera preventiva tras la recuperación de la movilidad en las zonas norte y sur de la ciudad” que habían sido bloqueadas.
Los ánimos se caldearon a tal punto que la población vivió una noche de terror y caos en la que se redujo a escombros el Palacio de Justicia de esa ciudad, que ardió en llamas después de que una turba incendiara el edificio, según Efe.
“Con dolor en el alma, rotundamente rechazo los actos vandálicos que han golpeado esta tarde y noche del martes. Tuluá venía siendo ejemplo a nivel nacional en comportamiento durante los actos propios de la protesta, pero hoy ha sido vandalizada”, dijo el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, en un pronunciamiento público.
Gómez agregó que “lamentablemente un grupo de personas sin amor, sin respeto por la ciudad y por los demás ha vandalizado la ciudad, ha causado daño en la infraestructura de tránsito, como semáforos y señales, ha vandalizado y destruido un edificio tan importante y hermoso, emblemático e histórico como el Palacio de Justicia”.
De acuerdo con una publicación de RCN, las autoridades investigan si el ataque tenía como objetivo obstruir los procesos de investigación que se llevaban en ese lugar.
Los responsables también fueron señalados de atacar las oficinas de la Alcaldía de la ciudad, del Departamento de Apicultura y del Departamento de Tránsito, así como “han afectado el patrimonio de emprendedores, de empresarios que generan empleo en la ciudad atacando sus negocios en el centro de la misma”, detalló Gómez.
Según datos oficiales, 19 muertes han sido confirmadas en relación con las protestas de las 43 reportadas a las autoridades, mientras que la ONG Temblores reporta que la violencia policial es responsable de 43 homicidios ocurridos durante las marchas.
El diario colombiano El Tiempo ha recordado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un segundo escrito en que expresa alarma por la situación y condena las violaciones de los derechos humanos que se han presentado en las últimas semanas. De igual manera, pide por segunda ocasión permiso para realizar una visita, algo que el Gobierno ha negado por ahora argumentando que primero se deben cumplir los pasos internos de investigaciones.
En tanto, según AFP, otra tragedia se vive en Colombia, exactamente en Buenaventura, el puerto de las desapariciones por la violencia en Colombia. Uno de los factores del descontento social.
Sobre el puente Nayero viven custodiados por la fuerza pública unos 2.000 afrocolombianos. Son los vecinos pobres y aterrorizados de La Playita, un barrio de palafitos que conduce a los manglares o esteros de Buenaventura (suroeste), en el Pacífico.
Las bandas que sucedieron a los paramilitares y guerrilleros, que en otra época aterrorizaron a la comunidad afro con sus enfrentamientos, masacres y bombas, convirtieron estos paisajes naturales en postales del terror.
Líderes civiles, religiosos y de derechos humanos creen que los esteros son la versión costera de las fosas clandestinas donde se concentra la búsqueda de unos 185.000 desaparecidos en el conflicto colombiano.
Bloqueada por las protestas contra el Gobierno que por estos días asfixian a toda Colombia, Buenaventura es la principal salida sobre el Pacífico: mueve el 40% del comercio internacional del país y una parte importante de la cocaína que va hacia Centroamérica y México, camino a Estados Unidos.
Sin embargo, la mayoría de sus 311.000 habitantes (91% afros) malvive en la informalidad, a espaldas de la actividad portuaria que manejan los privados. Más de la mitad son pobres (51,5%).
Fuente: El Mercurio
