La muerte de José Daniel Chaluisa, quien falleció a raíz de una intervención policial en el puente de San Roque, se investiga como homicidio. Las pesquisas se llevan a cabo en la Dirección de Derechos Humanos y Participación ciudadana de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad 3. Este miércoles 7 de octubre de 2020 se cumple exactamente un año desde que dos personas, Chaluisa y el adolescente Marco Oto, sufrieron una caída en medio de una persecución de policías motorizados.
En imágenes que circularon a través de redes sociales, se observa a policías motorizados acorralando a un grupo de personas sobre una altura de alrededor de cuatro metros. Mientras los policías avanzan con sus motos y arrinconan a estas personas, estas intentan trepar una valla. En este contexto, se observan -debajo del puente- dos cuerpos sobre el piso. Son los cuerpos de Chaluisa y Oto. El adolescente falleció al día siguiente, el 8 de octubre de 2019, mientras que Chaluisa murió internado en el Hospital Carlos Andrade Marín el 9 de octubre.
Tuvieron que ser llevados a esta casa de salud en el balde de una camioneta, pues la ambulancia no logró llegar a la zona. Ampliar Colectivos sociales se juntaron en el puente de San Roque para rendir homenaje a Marco Oto y José Chaluisa.
El certificado de defunción dice que Chaluisa falleció por un «trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo», precisa un boletín de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). La familia de Chaluisa, quien era oriundo de Cotopaxi, pide justicia a un año de lo ocurrido, en medio de una investigación que ha tenido pocos avances.
«Dentro de este caso, se puede evidenciar que no hay una debida investigación. Se encuentra atrasada con respecto a casos similares. En el proceso del señor Chaluisa observamos que las pruebas que se han enviado y las diligencias solicitadas no tienen gran cantidad de información. Hay contradicciones. Todavía falta por investigar bastante», aseguró a EL COMERCIO el abogado de la familia, Roberto Navas Sánchez.
«Tenemos un aproximado de 70 a 75 diligencias. Algunas están cumplidas, otras están todavía pendientes de realizarse. De algunas de las que se han realizado, encontramos algunas inconsistencias, dentro de las respuestas enviadas por partes de Estado», agrega el legista. Para Navas, hay algunas diligencias que no se realizaron a cabalidad. Por ejemplo, el reconocimiento del lugar de los hechos.
«Se va a solicitar que se realice de nuevo, ya que -una vez analizado el informe de peritaje- se ve que no fue a profundidad. No es un informe muy detallado. Se visita el lugar, pero no se hace un reconocimiento de lo ocurrido y de las pruebas que podrían haber ahí. Es simplemente como una inspección del lugar». A esto se suma que no se ha logrado individualizar la responsabilidad de los agentes. «En el proceso hay la versión de por lo menos unas 12 personas», asegura el aboado.
«En su mayoría manifiestan que se vio a agentes del Estado reprimir de forma violenta a un grupo de personas que se encontraban en el puente manifestándose. Tras estas agresiones, se produce la muerte del señor Chaluisa. Dieron versiones vecinos del sector, que presenciaron los hechos, manifestantes y familiares, según Navas. En cuanto a los videos captados por personas particulares, asegura el abogado, se ha pedido realizar pericias audiovisuales para determinar si se pueden extraer mayores detalles. Por otro lado, se ha pedido también el registro de cámaras del ECU-911 en el sector.
«Envían algunos videos, pero no se ve bien. Hay una versión de una persona del ECU-911 que dice que justo él escucha en la cámara (lo que él pensó que eran) disparos. Mueve la cámara y ya solo están los cuerpos en el piso», dice. Los sonidos parecidos a disparos, dice Navas, eran en realidad los cuerpos impactando contra el piso. En registros captados por otras cámaras de vigilancia, el video es borrosa.
José Daniel Chaluisa era el sustento económico de una familia de 10 hijos -además de su esposa y su padre Baltazar-. Laboraba como estibador en el mercado de San Roque. Junto a su padre, un adulto mayor, dormían en un cuarto en Quito durante la semana para trabajar. Volvían -cuando podían- los fines de semana a Cotopaxi para ayudar a la familia en la labranza del campo. Ampliar La ministra de Gobierno María Paula Romo habla junto a un vehículo destrozado el 7 de octubre de 2020 en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la avenida 24 de Mayo.
Actos simbólicos desde el poder y la calle Al cumplirse un año, este miércoles 7 de octubre del 2020, las autoridades de Gobierno asistieron a una ceremonia para la entrega de la restaurada Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de la avenida 24 de Mayo, ubicada a pocas cuadras del puente peatonal de San Roque. Esta fue prendida fuego minutos después de la intervención policial en San Roque. Una transmisión en vivo a través de Facebook registró los hechos. Ampliar La seguridad desplegada en los exteriores del cuartel.
Sobre una tarima, como objeto de museo, se mostraba un vehículo patrullero quemado por los manifestantes. El presidente Lenín Moreno dio un discurso: “Vimos la maldad representada por aquellos que desean únicamente hacer daño, lesionar”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, añadió:
“Aquí fue el escenario de la irracionalidad, de la violencia de la destrucción. Así nadie gana, todos perdimos”.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, estuvo en el acto. A menos de 300 metros, casi a la misma hora, sin micrófonos ni militares que impidieran el acceso, colectivos sociales se reunían en el puente peatonal de San Roque para honrar a los muertos. Jess Carpio era una de esas personas: «Esta es una zona popular. Y este lugar donde se asesina a Marco guarda impunidad, pero también guarda resistencia frente al olvido del Gobierno».
Fuente: Diario EL COMERCIO
