En agonía, decepcionados a ratos, pero firmes en la lucha permanecen las víctimas y los familiares de los afectados por la revuelta del 30 de septiembre de 2010 (30-S) que aún esperan que la justicia esclarezca la verdad y que, además, se siente un precedente para que no vuelvan a ocurrir casos de lo que ellos consideran como persecución por parte del Estado.
La rebelión policial en el Regimiento Quito se dio tras la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo que provocó el rechazo de los uniformados. Rafael Correa, en ese entonces presidente, afirmó que ese día hubo un intento de golpe de Estado.
Trabas en los procesos judiciales, amenazas incluso de muerte y cambios continuos de funcionarios a cargo de las causas son parte de los testimonios de algunos de los exuniformados, civiles y deudos que han vivido durante estos diez años que se cumplen hoy.
«Para mí el 30-S significa el fin de un proyecto de vida, el fin de una carrera, el fin de una familia (..)», dice con desazón Geovany Laso, uno de los seis expolicías sentenciados a doce años de cárcel por el delito de tentativa de magnicidio.
Hoy, en prelibertad tras cinco años recluido, junto con sus compañeros Luis Guanotasig, Eduardo Mullo, Jesús Jetacama y Marcelo Bonifaz, con el apoyo del Colectivo Asociación de Víctimas 30-S, impulsan un recurso extraordinario de revisión en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Dice que esperan en los próximos días fecha para la audiencia y que esta vez sí la justicia actúe en derecho y, añade, les devuelva el estado de inocencia que les permita continuar con una vida normal.
Laso menciona que en el 2019 presentaron una denuncia contra Correa por fraude procesal, por lo que han ido presentando pruebas en el transcurso de las investigaciones y a la cual quieren sumar el fallo, que espera sea favorable, de la CNJ en el recurso de revisión.
Expresa que más allá de continuar las causas ha tomado la decisión de impulsar este proceso, sea en el país o en el exterior, con la finalidad de que se siente un precedente histórico para el país. «Nosotros consideramos que no deben volver a existir casos de persecución por parte del Estado a ciudadanos comunes y corrientes como los policías, que somos servidores públicos, pero nunca hemos participado en la política ni representamos peligro para el Estado», dice.
El expolicía Nelson Puentestar lleva desde hace diez años dos batallas: una legal y otra por su vida. Cuenta que durante este tiempo la denuncia que presentó por intento de asesinato contra dos generales de las Fuerzas Armadas, hoy retirados, ha pasado por ocho fiscales y aún no hay un avance en la investigación.
Puentestar tenía 27 años cuando recibió una bala ese día del 30-S mientras se dirigía a su domicilio que estaba cerca del Regimiento Quito. «Esa noche estuve de custodia de un detenido por 13 muertos y 35 heridos en el hospital Pablo Arturo Suárez, acabó mi turno y ya me estaba dirigiendo a mi domicilio que estaba por las cercanías del Regimiento Quito. (…) Como ya vi las noticias que ya se había acabado (y) que el presidente había salido yo me dirigí a mi casa y por el hecho de estar uniformado me dispararon», recuerda.
Según el exuniformado, dentro de la indagación de la Fiscalía consta una experticia que determinó que la bala es de uso militar. Pasó 13 días en coma y hoy aún permanece con la bala en el cuerpo. Ha tenido cinco operaciones; hace tres años lo intervinieron nuevamente para realizarle una reconstrucción de la pared del abdomen.
Dice que ha sido víctima de persecución tras no aceptar los ofrecimientos del anterior gobierno a cambio de decir que fueron los policías los que le dispararon para mantener la hipótesis de que el 30-S fue un golpe de Estado. Fue invitado tres veces al cambio de guardia por Correa como «héroe» de la revuelta y una vez por el actual mandatario.
Paúl Jácome, que preside la Mesa por la Verdad y la Justicia Perseguidos políticos Nunca Más que se formó en el 2018 y que realizó procesos de investigación por presuntos casos de persecución política, expresa que el 30-S se convierte en un punto de inflexión en un antes y un después que determina el comportamiento de la justicia.
«Nuestro punto de vista es que con el 30-S se afirma (un) estado autoritario, que se ve reforzado por la justicia ecuatoriana en el momento que Correa logra vender la idea de que la justicia no le permitía hacer los grandes cambios (..) y evidentemente el costo del cambio de la justicia con la consulta popular del 2011 se consuma esta reestructuración judicial, con lo cual logra que la gran mayoría de procesados por el 30 de septiembre paguen sentencias aun sin tener pruebas», dice Jácome, quien junto con otras dos personas fue acusado de 52 tipos de delitos al participar en una marcha en Latacunga ese 30 de septiembre de 2010.
Esta Mesa recibió cerca de 1.400 casos. De estos 235 fueron avalados por los miembros que dividieron el trabajo en cuatro comisiones: libertad de expresión, pueblos indígenas, defensores de la naturaleza y derechos humanos; y, 30-S. El informe final, de 183 páginas, fue entregado al Consejo de la Judicatura (CJ) en febrero del 2019 y esperan realizar una segunda etapa del informe.
Jácome, quien hoy miércoles lanzará un libro digital Testimonio de libertad, en el que cuenta sus vivencias tras permanecer un año detenido, señala que del total de los casos que recibió la Mesa por lo menos el 70 por ciento eran inherentes al 30 de septiembre. El informe también ha sido enviado a la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República.
Fuente: El Universo
