Con la presencia de la fiscal General, Diana Salazar, excontralores y representantes de la Función de Transparencia y Control Social se efectuó el miércoles 6 de noviembre del 2019 un recorrido en las instalaciones del edificio de la Contraloría General del Estado, en el centro-norte de Quito.
Este predio fue quemado en el contexto de las protestas del paro nacional el pasado 12 de octubre. Antes del recorrido se efectuó un acto simbólico, en el que se izó las banderas de Ecuador, de Quito y de la Contraloría en el edificio violentado. Alrededor de 1 000 trabajadores de la institución de control, que desarrollan sus actividades en oficinas de doce instituciones, asistieron a la izada del estandarte.
Pablo Celi, titular de la entidad, sostuvo que el intento de destruir la Contraloría no prosperó y adelantó que el personal está enfocado en la restauración de procesos de auditoría. Adelantó que también se avanzará en la reconstrucción de la infraestructura afectada. Según Celi, en los últimos dos años la Contraloría trabajó en 5 500 informes para «precautelar los recursos del Estado». Agregó que en este periodo se establecieron unas 10 500 responsabilidades administrativas, 6 400 responsabilidades civiles y se abrió el camino para 520 indagaciones de índole penal. Ampliar Celi dijo que los funcionarios de la Contraloría han reiniciado los procesos de auditoría.
La Fiscal Salazar consideró que en la Contraloría y en otras ciudades del país los actos de protesta «pasaron la línea de la resistencia y se convirtieron en hechos vandálicos». Agregó que se recaban indicios sobre los responsables de estos actos. Ampliar El Contralor manifestó que el vandalismo perpetrado en el edificio fue un ataque planificado.
La titular de la Fiscalía también se refirió a la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y del exasambleísta correísta Virgilio Hernández, a quienes se señala por supuestamente tener vínculos con los hechos suscitados en el paro. Ampliar El edificio de la Contraloría se incendió el 12 de octubre del 2019, tras un violento ataque de personas, durante las protestas en Quito.
Salazar sostuvo que existe «abundante y contundente evidencia» que permitió sostener no solo la formulación de cargos, sino también solicitar prisión preventiva para los dos dirigentes de la denominada Revolución Ciudadana. Agregó que no se tratan de decisiones con tintes políticos, sino que es un proceso «técnico y jurídico».
Fuente: Diario EL COMERCIO
