Desde la madrugada del lunes 14 de octubre del 2019 no se ha reunido la mesa técnica que se conformó para discutir el nuevo decreto sobre la focalización de subsidios a los combustibles. El movimiento indígena escoge los asesores que puedan aportar desde lo técnico a la discusión de este tema.
El Decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles, ya fue derogado y los precios de las gasolinas y el diésel volvieron a los vigentes hasta el 1 de octubre pasado, según el Decreto Ejecutivo 894.
En este documento se señaló que “se proceda de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos ni a los contrabandistas de combustibles”.
Ese decreto saldrá de la mesa técnica. En su primera reunión, el domingo pasado, actuaron nueve delegados de las nacionalidades indígenas. También estuvieron seis representantes del Gobierno, según informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, durante la madrugada del lunes pasado.
Marlon Santi, coordinador Nacional de Pachakutik, manifestó que esa noche participaron en la mesa voluntarios de las organizaciones. “Algunos eran alcaldes o prefectos y tienen más responsabilidades”. Por eso ahora están definiendo a personas que no solo sean representantes de las nacionalidades sino que aporten también con un criterio técnico a la discusión.
Salvador Quishpe, uno de los dirigentes del movimiento indígena, señaló que quienes participen en esta negociación no serán solo los representantes de las nacionalidades. Coincide en que es necesaria una visión técnica para este tema.
El secretario General de la Presidencia, José Agusto, prevé que el Ejecutivo podrá suscribir un nuevo Decreto sobre los combustibles “durante esta semana”.
El Coordinador de Pachakutik refirió que lo que se debe discutir es cómo se ejercerá el control para el contrabando. Ese fue uno de los argumentos que planteó el presidente Lenín Moreno para justificar el retiro de la subvención.
Por el lado de los ingresos, el Gobierno podría volver a analizar un incremento de tributos. Un alza del IVA se había discutido antes del 1 de octubre, pero varias bancadas del Legislativo afirmaron que no apoyarían la medida.
Francisco Briones, analista económico, dice que un alza de tributos afectaría al desempeño de la economía. “Se contraería más el consumo y las empresas producirían menos”.
Otra opción para obtener más ingresos en lo que queda del año sería concretar la monetización de activos, que consiste en ceder la administración de bienes públicos al sector privado.
El Ministerio de Finanzas había estimado USD 1 000 millones por monetización de bienes del sector energético y petrolero este año, pero ninguna concesión se ha concretado y eso solo serviría para un año.
El malestar generado por las movilizaciones impulsó al Gobierno a analizar compensaciones adicionales. Una de ellas es un plan agrícola de seis ejes en el que se invertirían USD 50 millones, pero el domingo no se debatió sobre esto. Tampoco sobre un bono de USD 20 mensuales para los trabajadores privados o la revisión de los ajustes anunciados para la burocracia.
Para abordar este último tema y otros contemplados en la reforma laboral, trabajadores y Gobierno entablarán un diálogo con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El encuentro se desarrollará hoy.
Entre las medidas que el Ejecutivo está dispuesto a analizar están la medida de reducción de 30 a 15 los días de vacaciones de los funcionarios públicos; así como la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales. Mesías Tatamuez, representante del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), manifestó que su primer pedido para el Gobierno es que archive su propuesta de reforma y en conjunto elaboren una nueva. El FUT sostiene que las propuestas del Ejecutivo son inconstitucionales.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechaza la reducción de vacaciones, así como con el aporte de un día de remuneración de los empleados de empresas públicas.
Richard Gómez, vicepresidente de la CUT, acotó que están en contra del contrato por tiempo predeterminado, ya que es similar al extinto contrato a tiempo fijo. “En el pasado hubo excesos por parte de empleadores con este tipo de contratación, lo cual no brindaba estabilidad al trabajador”.
El gremio está de acuerdo con el bono mensual de USD 20 para compensar una eventual focalización de subsidios.
El Gobierno anunció el 1 octubre pasado un grupo de medidas económicas y reformas legales para alcanzar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La revisión de la eliminación del subsidio replantea los escenarios fiscales.
Fuente: Diario EL COMERCIO
