De siete artículos se compone la Resolución Minterial 042 con la que, el pasado 10 de abril, la Cancillería declaró como un acto “lesivo”a la carta de naturalización a favor del hacker australiano Julian Assange.
El texto fue publicado el lunes pasado en la gaceta 486 del Registro Oficial, y supone un paso previo a la anulación del documento que le fue otorgado al fundador de WikiLeaks el 12 de diciembre del 2017, de acuerdo con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que también determina que puede haber impugnaciones a este proceso administrativo, lo que puede demorar su aplicación.
El artículo 81 de la Ley de Movilidad Humana precisa que “sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando esta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión”.
“La decisión deberá ser motivada, para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes”, agrega.
En el primer artículo de la Resolución Ministerial dice que el acto administrativo fue declarado lesivo “por lesionar el interés público y la potestad estatal”.
Debido a las irregularidades detectadas en el procedimiento, la Cancillería dispuso “suspender de manera inmediata el goce de los derechos inherentes a la calidad de ecuatoriano por naturalización” de Assange, consta en el artículo segundo.
En el tercero se dispone a la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña que notifique del contenido de esta resolución a Assange, mientras en el cuarto se instruye que la coordinación general de asesoría jurídica de Cancillería “prosiga la acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contecioso Administrativo de Quito”.
El quinto artículo tiene que ver con las comunicaciones del tema hacia la Embajada de Australia en Chile concurrente en Ecuador, al Ministerio del Interior y al Registro Civil.
Además, en el sexto, instruye a la Direccción de Documentos de Viaje y Legalizaciones de la Cancillería para que inactive el pasaporte otorgado a Assange. E
l artículo final concluye que la ejecución de esta resolución “entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”.
El proceso de naturalización de Assange es una de las causales que esgrimen asambleístas de Creo y el PSC para buscar una censura de la excanciller María Fernanda Espinosa, quien se desempeñó entre mayo 2017 y junio 2018.
