El 11 de enero de 2019, la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, indicó que puede iniciarse la causa penal contra Vallejo sin necesidad de autorización del Parlamento, ya que ella ya no es asambleísta desde el 13 de noviembre de 2018.
Con el respaldo en promedio de 80 legisladores, el pleno de la Asamblea Nacional declaró el 8 de enero de 2019 improcedente el pedido de la Corte Nacional de Justicia de solicitar autorización al Legislativo para procesar penalmente a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña y a la exasambleísta Norma Vallejo. Resolvieron, además, devolver el trámite a la instancia judicial.
El 6 de diciembre de 2018, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, pidió a la Corte Nacional de Justicia que señale fecha y hora para formular cargos por el presunto delito de concusión, que se comete cuando un funcionario público abusa de su condición para exigir pagos. La causa fue sorteada y la conoció el juez Saquicela.
La Fiscalía inició una investigación por el delito de concusión en contra de la exlegisladora, tras las denuncias presentadas por el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) y los afectados.
De acuerdo con la denuncia, Vallejo cobraba a sus exasesores montos entre 150 y 300 dólares en efectivo para permanecer en sus cargos. Inclusive, los montos podían llegar a los 1.000 dólares.
Vallejo fue destituida el 13 de noviembre de 2018 por gestionar cargos públicos, dentro de las acusaciones de cobros indebidos, a raíz de la difusión de un audio en la que se escucha una supuesta conversación con uno de sus excolaboradores, en este sentido.
Fuente: Ecuadorinmediato
