La despenalización del aborto por violación o estupro y por malformación del feto fue incorporada en el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El documento se aprobó la mañana de este miércoles 19 de diciembre del 2018.
Con siete votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dio paso al informe, que será remitido a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas.
En el proyecto constan 14 temáticas, entre las más controversiales está el aborto no punible en casos de violación o estupro (delito que se produce cuando un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de edad). Además cuando el feto presente malformaciones. Lo indicó el asambleísta correísta Franklin Samaniego. “El aborto por violación no es obligatorio sino por voluntad”, dijo.
Este tema consta en el artículo 150 del cuerpo legal y llegó en julio del 2018 de la mano de grupos pro defensa de los derechos de las mujeres.
Como parte del debate en la Comisión se analizó lo que se considera o no violación. Samaniego asegura que hay opciones como presentar un documento o una declaración juramentada ante las autoridades.
También se debatió en torno a que el médico remita un informe a la Fiscalía, para que investigue sobre la violación, «no sobre el aborto», aclaró.
El legislador de Madera de Guerrero, Henry Cucalón, se abstuvo en la votación de la Comisión, ya que no comparte con varios puntos incluidos en las reformas; uno de ellos es la despenalización del aborto, según las causales indicadas.
En su cuenta de Twitter, la legisladora correísta Marcela Aguiñaga explicó: «entregamos temas de interés ciudadano. Consideramos que los que son complejos, como el uso del cannabis terapéutico y la despenalización del aborto, requieren del debate de los 137 legisladores».
Para el análisis de los temas, la Comisión invitó a expertos. Nidya Pesantes, oficial Nacional del Programa ONU Mujeres Ecuador, expuso cifras relacionadas a la despenalización del aborto en Latinoamérica y a la reducción de las muertes maternas.
En Uruguay, por ejemplo, el fallecimiento de mujeres pasó del 37%, entre 2001 y 2005, al 8%, a partir del 2011. Otros especialistas señalaron que se trata de un problema de salud pública.
Organizaciones de mujeres, como Fundación Desafío y Surkuna, han promovido campañas como niñas no madres en relación a que no se puede permitir que menores de edad, víctimas de violación, lleven adelante embarazos y den a luz.
Fuente: El Comercio
